viernes, 13 de junio de 2008

Atacan Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Ciencias














El miércoles 11 de junio, a las 23:43 hrs, un grupo de alrededor doce jóvenes enmascarados provocó una serie de daños en la Facultad de Ciencias Sociales. Posteriormente, se dirigieron a la portería de la entrada de Las Palmeras, insultaron a los guardias y pintaron las murallas de la oficina, además de otros lugares. Tras esto, los encapuchados se fueron corriendo hacia el segundo piso de la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde se escondieron.



1 comentario:

Daniel Muñoz dijo...

Nada que decir.

Solamente alegrarme y agradecer profundamente la oportunidad de dialogar con estudiantes que, más allá de diferencias marcadas y de discusiones pesadas y belicosas, han actuado con convicción y compromiso con sus ideas. Por sobre todo, a la luz de estos hechos, rescato su capacidad para:

- actuar de día y no de noche.
- actuar con sus rostros descubiertos y no en el anonimato.
- optar por la discusión y no el insulto.
- optar por la posibilidad de convencer y no de amenazar.
- optar por la solidaridad con sus pares y no por el amedrentamiento.
- enfrentar la dificultad de la situación y no buscar salidas fáciles.
- optar por la autoeducación y la reflexión y no por la violencia.

En resumen, por comportarse como universitarios valientes y no como delincuentes cobardes.

Saludos a los estudiantes en toma, pues, incluso en el desacuerdo, se han comportado como ciudadanos y estudiantes responsables.

Daniel Muñoz Acevedo
Académico
Facultad de Filosofía y Humanidades

Declaración del Claustro Académico del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile

Las académicas y académicos del Departamento de Antropología, reunidos en claustro el martes 3 de junio del año 2008, se dirigen a la comunidad universitaria y nacional para pronunciarse respecto a la actual movilización estudiantil que afecta a esta unidad y a la Facultad de Ciencias Sociales.

En primer lugar, adscribimos firmemente a las autoridades, instancias y unidades académicas de la Universidad de Chile que han declarado que la actual crisis respecto de la educación en general, y de la educación superior en particular, deriva de la pervivencia del modelo económico y de educación impuesto por nuestra historia reciente.

La Universidad de Chile y sus distintas autoridades se han referido en diversas ocasiones y circunstancias a este modo de relación entre el Estado y las universidades públicas, proponiendo y solicitando cambiar el modelo subsidiario que obliga a un creciente autofinanciamiento, atentando contra el acceso a la educación superior y la igualdad de oportunidades. En este sentido, comprendemos la incertidumbre, el malestar y muchas de las demandas que hoy hacen los estudiantes del país, por lo cual nos hacemos eco de la necesidad por establecer un nuevo trato e impulsar un trabajo mancomunado y sistemático en torno a ello.

En este escenario, la Iniciativa Bicentenario-Proyecto Campus Juan Gómez Millas para la Revitalización de la Ciencias Sociales, Artes, Humanidades y Comunicación, es apreciada positivamente por nuestra comunidad académica. Se la entiende como una oportunidad en tanto un gesto político del Estado, reiterado por el discurso de mayo pasado de la Presidenta de la República; y una señal de compromiso de éste con las universidades públicas, en particular con las que desarrollan nuestras disciplinas, beneficiando a las universidades regionales y potenciando al sistema público de la educación superior en su conjunto.

En consecuencia, coincidimos en que la Iniciativa Bicentenario debe separarse de nuestra visión crítica al sistema de educación vigente en Chile, en tanto el Proyecto Campus es un primer paso, después de 35 años de abandono, que nos permitirá fortalecer a nuestro Departamento, Facultades y Campus, pero también hacer una contribución racional y concreta al sistema universitario público nacional.

Estamos convencidos que el Proyecto Bicentenario, luego de una cruda y laboriosa evaluación de nuestras disciplinas, recursos y espacios de trabajo, encomendada a académicos de alto nivel y con un marcado espíritu universitario, nos permitirá llevar a cabo proyectos absolutamente comprometidos con nuestros propios programas de desarrollo institucional (PDI), referidos al pregrado y postgrado, así como a nuestras líneas de investigación, servicios, extensión y patrimonio en los marcos de excelencia que supone la Universidad de Chile.

Tal cual ha sido expuesto una y otra vez por las distintas instancias de decisión y autoridades legítimas de la Universidad, a las cuales han sido invitados, han participado e intervenido estudiantes y personal de colaboración de nuestra comunidad; dicha Iniciativa no considera ocasionar perjuicios como el alza de aranceles ni el despido de funcionarios.

Por el contrario, se sustenta en el fondo otorgado por el Estado, el aporte de la Universidad y la inversión que cada Facultad y Departamento han considerado autónomamente implementar (contrapartes). Por lo que tampoco es sinónimo de una “mercantilización” ni “privatización” de nuestra actividad académica, sino de potenciar la excelencia académica y las condiciones materiales; a la par de la autonomía, la gestión eficiente, con rendiciones periódicas y públicas de los recursos que la misma Universidad como el Estado administran (convenios de desempeño). Responsabilidades que, esencialmente, recaen en el cuerpo académico.

Queremos recalcar que este proyecto aún se encuentra en una etapa de diseño y es necesario lograr mayores cuotas de participación de todos los estamentos en torno al mismo, en el marco establecido por la estructura y democracia universitarias. Ahora, la labor debe centrarse en avanzar y concretarse, siendo aquí donde como comunidad debemos asumir el rol verdaderamente activo. Los estatutos de la Universidad de Chile definen las instancias, procedimientos y autoridades que rigen a nuestra comunidad, los cuales merecen todo nuestro respeto, los que debemos perfeccionar así como defender, aprovechando el espacio de triestamentalidad que brinda el Senado Universitario.

Por lo tanto, rechazamos en todos los términos la toma de la Facultad de Ciencias Sociales, en tanto fue realizada bajo una lógica que no se justifica frente a lo señalado antes.

Constituye una acción violenta que atenta contra la propia institución y sus valores académicos, la que ha tenido expresiones absolutamente repudiables como desconocer y ridiculizar a las autoridades de la Universidad de Chile, especialmente en los sucesos acaecidos en el Consejo Universitario del día 20 de mayo del 2008.

Cualquier diálogo y negociación, entonces, sólo es posible en la medida que los estudiantes devuelvan las dependencias de la Facultad y permitan retornar a su normal funcionamiento, considerando que las actividades académicas no sólo son la docencia, sino también la investigación y la extensión. La anómala situación en la cual se encuentran hoy día estas actividades, perjudican a otros estudiantes y trabajadores, simplemente acrecientan el deterioro al que nuestras disciplinas han estado sometidas por tanto tiempo y colaboran a una imagen que sólo sirve a los verdaderos enemigos de la universidad pública y, en particular, de la Universidad de Chile.

Apelamos a toda la comunidad universitaria y en particular a nuestros académicos, estudiantes y funcionarios a comportarse responsablemente, a expresar su cultura cívica y democrática frente a los temas de fondo sobre la educación pública y universitaria en general, así como respecto a la situación contingente que nos atañe. Del mismo modo, la prolongación de la situación a la que se nos obliga e impone, junto con todos los inconvenientes que ello arrastra, deberá ser asumida por quienes han aceptado la dirección y responsabilidad de esta movilización estudiantil.

Acogemos y respaldamos los distintos pronunciamientos hechos en estos mismos términos por el Departamento de Psicología, el Instituto de la Comunicación e Imagen y de la Facultad de Filosofía y Humanidades, con quienes convergemos en la necesidad de enmarcar el escenario para el diálogo y la convivencia de nuestra comunidad universitaria bajo la actual contingencia así como a futuro. Por lo mismo, llamamos al resto de los departamentos y al Sr. Decano a propiciar y liderar una declaración unitaria de la Facultad de Ciencias Sociales y otra del conjunto de las Facultades e Institutos del Campus Juan Gómez Millas.

Santiago, 3 de Junio de 2008

Declaración Claustro de Profesores del Departamento de Sociología

Las y los Académicos del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, reunidos en Claustro de Profesores, hemos acordado la siguiente declaración.

En primer lugar, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de la Educación Pública chilena, particularmente en el ámbito de la educación superior. Hacemos ver que nuestro trabajo cotidiano en la Universidad de Chile es expresión y prueba de dicho compromiso.

Reiteramos nuestro rechazo a las tendencias privatizadoras y a la política de autofinanciamiento a que las universidades públicas han sido constreñidas desde hace décadas. Estamos ciertos que son estas políticas las que han conducido a la crisis en que la educación pública y las Universidades del Estado se encuentran actualmente.

En este marco, nos pronunciamos claramente por un “Nuevo Trato” entre las Universidades públicas y el Estado de Chile, que les brinde a las Instituciones Estatales las condiciones mínimas requeridas para que éstas puedan cumplir su rol de aporte crítico al desarrollo nacional.

Creemos que dos de los elementos esenciales de este nuevo trato son que el Estado asuma una relación especial de apoyo a sus Universidades y el aumento del monto de financiamiento basal que reciben éstas. Lo anterior en el marco de una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos y de una política de distribución de fondos interna que resuelva la situación de Facultades y Campus más desfavorecidos, como una manera de solucionar estructuralmente las carencias que cotidianamente enfrentamos.

Las y los académicos de la Facultad de Ciencias Sociales debemos realizar nuestras tareas de formación, investigación y extensión en condiciones laborales, salariales y materiales que distan mucho de los estándares adecuados, lo que evidentemente limita el alcance e impacto de nuestras actividades.

Es en ese contexto que hemos respaldado y continuamos respaldando la “Iniciativa Bicentenario”, pues entendemos que ella constituye un primer paso en el sentido de un mayor compromiso del Estado con la Universidad de Chile y el resto de las Universidades Públicas de Chile. Asumimos también que los recursos y acciones implicadas en dicho Iniciativa constituyen una clara oportunidad de disponer de condiciones que hagan viable detener el estancamiento en que nos encontramos y dar un salto en la calidad de nuestros productos académicos y su impacto en la sociedad chilena. En este sentido, valoramos también la posibilidad de avanzar hacia la constitución de un campus moderno e integrado, que a través de una gestión más eficiente de nuestros recursos, sea capaz de dar sustentabilidad a las inversiones que se realizarán.

Por otro lado, si bien declaramos que la “Iniciativa Bicentenario” constituye un primer paso en la dirección correcta respecto de la forma de relación entre el Estado y sus universidades, sin duda no sustituye nuestras demandas respecto al Nuevo Trato que las Universidades Públicas creemos merecer. La “Iniciativa Bicentenario” no aborda ni resuelve algunas de las debilidades estructurales de nuestra Facultad, como son el nivel y estructura salarial de remuneraciones de académicos y funcionarios, las políticas de incentivo a la retención de investigadores senior o la constitución de Centros de Investigación o Desarrollo de las Ciencias Sociales o Educación.

Constatamos que la “Iniciativa Bicentenario”, producto de los tiempos en que se ha elaborado y nuestras propias debilidades como organización, no se encuentra totalmente respaldada por un proyecto académico fuerte que haya emergido de las diversas Unidades Académicas. No obstante, entendemos que la “Iniciativa Bicentenario” constituye un proyecto marco que será llenado de contenido y que puede ser modificado a lo largo de su misma operación.

Por ello, como Departamento nos comprometemos a trabajar aportando ideas para dotarlo de un fuerte contenido académico ligado a nuestros Proyectos de Desarrollo Institucional, en el marco del escenario más pluralista y participativo posible. Sin querer entrar aún en el detalle de esas sugerencias e ideas, nos permitimos proponer a la Comisión Bicentenario que se incorporen al proyecto elementos que permitan entender esta iniciativa en el marco de un primer paso en la nueva relación entre el Estado y las Universidades Públicas, es decir, se trataría desde ya de agregar los temas estructurales, con lo que ello implica de parcial financiamiento basal, a que hemos hecho mención, sin lo cual la Iniciativa no tendrá sustentabilidad. Por ejemplo, que se explicite la posibilidad de modificación de los ítems que estructuran los costos del Proyecto, a partir de la elaboración de los planes específicos durante la primera fase del mismo.

Comprendemos y legitimamos que los recursos que el Estado aporta a la “Iniciativa Bicentenario” sean traspasados a través de un Convenio de Desempeño, en la medida que los contenidos académicos, su desarrollo y evaluación, sean de exclusiva responsabilidad de la Universidad, pues brinda un marco para la gestión transparente y eficiente de recursos públicos. Nos parece una buena herramienta para la recepción de fondos públicos por parte de las Universidades Estatales, y nos posibilita comprometernos con aquellas ideas y acciones que permitirán consolidar y fortalecer nuestros Proyectos Académicos.

Respecto al hecho de que la “Iniciativa Bicentenario” incorpore una contraparte financiera de parte de nuestra Facultad, reiteramos que no estamos en contra de ello ni en contra del endeudamiento que implica. Más aún, entendemos que esos fondos constituyen una inversión que contribuye a diseñar un proyecto con mayor impacto potencial. Sin embargo, reiteramos también que dicho endeudamiento no debe nunca alcanzar niveles que nos obliguen a tomar decisiones que disminuyan la calidad académica de nuestra investigación, docencia o extensión, ni debe afectar los salarios de los funcionarios o profesores, como tampoco debe impactar en los aranceles de nuestros estudiantes. Asimismo, creemos que el monto de endeudamiento de nuestra Facultad tampoco debe alcanzar niveles que copen nuestra capacidad global de inversión, pues así si fuera podríamos perder otras oportunidades de desarrollo que eventualmente aparezcan en los años de gestión de la “Iniciativa Bicentenario”.

Respecto de la actual coyuntura que vive nuestra Universidad, rechazamos tajantemente los actos de violencia y descalificación que han realizado una parte de quienes se oponen a este Proyecto. En ese mismo sentido, ofrecemos nuestro respaldo y solidaridad al Consejo Universitario y llamamos a que desterremos de nuestra Universidad este tipo de conductas. De la misma forma, rechazamos la Toma de las dependencias de la Facultad de Ciencias Sociales, pues dicha acción interrumpió los procesos de diálogo en curso y profundizó la desconfianza y el maltrato que parecen asentados en nuestra cultura académica.

En función de lo anterior, llamamos a deponer la Toma, de manera de que se restituya un espacio de discusión que nos permita seguir con la elaboración del proyecto “Iniciativa Bicentenario” y retomar las actividades académicas comprometidas.

Queremos expresar también nuestro respaldo al Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y demás Autoridades Académicas que democráticamente hemos elegido y que nos han representado en este difícil contexto. Por supuesto, respaldamos también las gestiones que ellos realicen para lograr el fin de este conflicto. Creemos firmemente en la posibilidad de construir una Facultad de Ciencias Sociales con alto impacto en la sociedad chilena, moderna, eficiente, de calidad y trasformadora, y tenemos claro que esa meta sólo será posible en la medida en que nos fortalezcamos institucional y materialmente. Por ello es que apoyamos la “Iniciativa Bicentenario”, por ello es que aspiramos a una nueva forma de convivencia interna y por ello es que trabajamos cotidianamente.

Claustro Académicos y Académicas Departamento de Sociología Universidad de Chile

Santiago, junio seis del dos mil ocho

Declaración Departamento de Psicología

Las académicas y académicos del Departamento de Antropología, reunidos en claustro el martes 3 de junio del año 2008, se dirigen a la comunidad universitaria y nacional para pronunciarse respecto a la actual movilización estudiantil que afecta a esta unidad y a la Facultad de Ciencias Sociales.

En primer lugar, adscribimos firmemente a las autoridades, instancias y unidades académicas de la Universidad de Chile que han declarado que la actual crisis respecto de la educación en general, y de la educación superior en particular, deriva de la pervivencia del modelo económico y de educación impuesto por nuestra historia reciente.

La Universidad de Chile y sus distintas autoridades se han referido en diversas ocasiones y circunstancias a este modo de relación entre el Estado y las universidades públicas, proponiendo y solicitando cambiar el modelo subsidiario que obliga a un creciente autofinanciamiento, atentando contra el acceso a la educación superior y la igualdad de oportunidades. En este sentido, comprendemos la incertidumbre, el malestar y muchas de las demandas que hoy hacen los estudiantes del país, por lo cual nos hacemos eco de la necesidad por establecer un nuevo trato e impulsar un trabajo mancomunado y sistemático en torno a ello.

En este escenario, la Iniciativa Bicentenario-Proyecto Campus Juan Gómez Millas para la Revitalización de la Ciencias Sociales, Artes, Humanidades y Comunicación, es apreciada positivamente por nuestra comunidad académica. Se la entiende como una oportunidad en tanto un gesto político del Estado, reiterado por el discurso de mayo pasado de la Presidenta de la República; y una señal de compromiso de éste con las universidades públicas, en particular con las que desarrollan nuestras disciplinas, beneficiando a las universidades regionales y potenciando al sistema público de la educación superior en su conjunto.

En consecuencia, coincidimos en que la Iniciativa Bicentenario debe separarse de nuestra visión crítica al sistema de educación vigente en Chile, en tanto el Proyecto Campus es un primer paso, después de 35 años de abandono, que nos permitirá fortalecer a nuestro Departamento, Facultades y Campus, pero también hacer una contribución racional y concreta al sistema universitario público nacional.

Estamos convencidos que el Proyecto Bicentenario, luego de una cruda y laboriosa evaluación de nuestras disciplinas, recursos y espacios de trabajo, encomendada a académicos de alto nivel y con un marcado espíritu universitario, nos permitirá llevar a cabo proyectos absolutamente comprometidos con nuestros propios programas de desarrollo institucional (PDI), referidos al pregrado y postgrado, así como a nuestras líneas de investigación, servicios, extensión y patrimonio en los marcos de excelencia que supone la Universidad de Chile.

Tal cual ha sido expuesto una y otra vez por las distintas instancias de decisión y autoridades legítimas de la Universidad, a las cuales han sido invitados, han participado e intervenido estudiantes y personal de colaboración de nuestra comunidad; dicha Iniciativa no considera ocasionar perjuicios como el alza de aranceles ni el despido de funcionarios.

Por el contrario, se sustenta en el fondo otorgado por el Estado, el aporte de la Universidad y la inversión que cada Facultad y Departamento han considerado autónomamente implementar (contrapartes). Por lo que tampoco es sinónimo de una “mercantilización” ni “privatización” de nuestra actividad académica, sino de potenciar la excelencia académica y las condiciones materiales; a la par de la autonomía, la gestión eficiente, con rendiciones periódicas y públicas de los recursos que la misma Universidad como el Estado administran (convenios de desempeño). Responsabilidades que, esencialmente, recaen en el cuerpo académico.

Queremos recalcar que este proyecto aún se encuentra en una etapa de diseño y es necesario lograr mayores cuotas de participación de todos los estamentos en torno al mismo, en el marco establecido por la estructura y democracia universitarias. Ahora, la labor debe centrarse en avanzar y concretarse, siendo aquí donde como comunidad debemos asumir el rol verdaderamente activo. Los estatutos de la Universidad de Chile definen las instancias, procedimientos y autoridades que rigen a nuestra comunidad, los cuales merecen todo nuestro respeto, los que debemos perfeccionar así como defender, aprovechando el espacio de triestamentalidad que brinda el Senado Universitario.

Por lo tanto, rechazamos en todos los términos la toma de la Facultad de Ciencias Sociales, en tanto fue realizada bajo una lógica que no se justifica frente a lo señalado antes.

Constituye una acción violenta que atenta contra la propia institución y sus valores académicos, la que ha tenido expresiones absolutamente repudiables como desconocer y ridiculizar a las autoridades de la Universidad de Chile, especialmente en los sucesos acaecidos en el Consejo Universitario del día 20 de mayo del 2008.

Cualquier diálogo y negociación, entonces, sólo es posible en la medida que los estudiantes devuelvan las dependencias de la Facultad y permitan retornar a su normal funcionamiento, considerando que las actividades académicas no sólo son la docencia, sino también la investigación y la extensión. La anómala situación en la cual se encuentran hoy día estas actividades, perjudican a otros estudiantes y trabajadores, simplemente acrecientan el deterioro al que nuestras disciplinas han estado sometidas por tanto tiempo y colaboran a una imagen que sólo sirve a los verdaderos enemigos de la universidad pública y, en particular, de la Universidad de Chile.

Apelamos a toda la comunidad universitaria y en particular a nuestros académicos, estudiantes y funcionarios a comportarse responsablemente, a expresar su cultura cívica y democrática frente a los temas de fondo sobre la educación pública y universitaria en general, así como respecto a la situación contingente que nos atañe. Del mismo modo, la prolongación de la situación a la que se nos obliga e impone, junto con todos los inconvenientes que ello arrastra, deberá ser asumida por quienes han aceptado la dirección y responsabilidad de esta movilización estudiantil.

Acogemos y respaldamos los distintos pronunciamientos hechos en estos mismos términos por el Departamento de Psicología, el Instituto de la Comunicación e Imagen y de la Facultad de Filosofía y Humanidades, con quienes convergemos en la necesidad de enmarcar el escenario para el diálogo y la convivencia de nuestra comunidad universitaria bajo la actual contingencia así como a futuro. Por lo mismo, llamamos al resto de los departamentos y al Sr. Decano a propiciar y liderar una declaración unitaria de la Facultad de Ciencias Sociales y otra del conjunto de las Facultades e Institutos del Campus Juan Gómez Millas.

Santiago, 3 de Junio de 2008

Margarita Iglesias: Solo sé que no LOCE

Le Monde Diplomatique, edición chilena, octubre 2007.

CHILE: SÓLO SE QUE NO LOCE.

Cuándo la democracia se toma el Liceo y saca la Educación al pizarrón.

Por Margarita Iglesias Saldaña*

…tenemos como meta el que de los 600 mil estudiantes que hoy día hay en educación superior, podamos llegar al 2012 a alrededor de 1 millón de estudiantes.[1]

El año 2006 en Chile, tres hitos marcaron al país: la elección de la primera mujer presidenta de la República, Michel Bachelet; la rebelión de los pingüinos (levantamiento de los estudiantes secundarios), y la muerte del dictador. Inmediatamente después de la asunción de Michel Bachelet en el Gobierno, la Universidad de Chile, la más importante del país, estrenaba su nuevo Estatuto construido democráticamente, derrotando definitivamente el estatuto que había heredado de la dictadura, era una anuncio de lo que vendría durante el año: la primera generación de jóvenes nacid@s en democracia despertaban al país con sus demandas de una educación para y en democracia.

En abril mayo 2006, los estudiantes secundarios, que no son ciudadanos de derecho, preocupados por su educación y el futuro educativo, reinventaron la democracia ante un país perplejo y obligado a escucharlos en serio. Ellos no hacían más que tomarle la palabra a la presidenta de Chile: el gobierno de los ciudadanos, para los ciudadanos, que proclamaba en su primer discurso al Congreso: "Una sociedad inclusiva es una sociedad que educa". Demandaron Educación de calidad y posibilidades de acceder a la Educación Superior. Se nombró un Consejo Superior, con representantes de todos los actores sociales implicados para que analizara e hiciera propuestas respecto a la Educación en Chile.

Una de las propuestas de este Consejo estuvo relacionada con la Educación Superior planteando que… "El marco regulatorio actual consagra en forma sumamente permisiva la iniciativa privada para la apertura, organización y mantenimiento de instituciones de Educación Superior, lo que debilita al sistema," constatando que como resultado de la Reforma de la Educación Superior, funcionan 207 instituciones con reconocimiento oficial del Estado. De estas, 60 son Universidades, 38 Institutos Profesionales, 94 Centros de Formación Técnica y 15 Institutos de Formación Superior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. De las 60 universidades existentes hoy, 25 están agrupadas en el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) de las cuáles 16 son estatales y 9 son privadas tradicionales o derivadas de éstas. [2]

El actual sistema de educación superior viene construyéndose desde la dictadura, con la Constitución de 1980 , que puso fin al Estado Docente, y que consagra la Libertad de enseñanza, incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales con total independencia económica, administrativa y académica de las instituciones, sean estas de propiedad del Estado o creadas por particulares privados.[3] Así a partir de 1981, con la Reforma de descentralización del Estado, la educación básica y secundaria pasó a ser administrada por los municipios y la Educación Superior (ES) pasaba a ser responsabilidad de las instituciones que las impartían, liberando al Estado de la responsabilidad con las Universidades que le pertenecían y liberando las restricciones jurídico legales para permitir la creación de instituciones privadas que competirían con las Universidades existentes en la época. Un paso determinante en este sistema fue el desmantelamiento de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado a nivel nacional, y la separación definitiva del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile.

Así, la arquitectura básica del sistema chileno de educación, fue establecida en la década de los ochenta, y definida por los hitos jurídicos que abren y cierran la década: en primer lugar, la Constitución de 1980, que pone fin al Estado Docente, y establece en su reemplazo un orden jurídico educacional presidido por la libertad de enseñanza; luego, las reformas privatizadoras de 1981 que pusieron al mercado y a la competencia entre instituciones como principales mecanismos de coordinación y control de la educación superior; y finalmente, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) de 1990, que se instaló el 10 de marzo, un día antes de la transmisión del gobierno del dictador al primer presidente electo de esta democracia.[4]

La Educación pública y privada, han coexistido en Chile desde los albores de la República y el problema no radica necesariamente en esta forma mixta de impulsar las políticas de Educación. La actual situación deviene de una dictadura del mercado por sobre los intereses de las políticas públicas en el desarrollo estratégico de un país, y en este caso de las políticas de Educación. Hasta los más fieles defensores de la mercantilización de la Educación Superior, reconocen que la actual situación en Chile ha incrementado las diferencias sociales a través de la selección en educación: "que en el caso de Chile apenas encubre el hecho de que ella es, simultáneamente, un proceso de selección social." [5]

En Chile, como en otros países de América Latina, la expansión de la educación superior en las últimas tres décadas trajo consigo el debilitamiento de la calidad y de la pertinencia de la misma que no ha preparado a los profesionales para responder a las exigencias cada vez más altas y variadas de entornos caracterizados por los rápidos cambios de las sociedades y su inserción en un mundo globalizado y cada vez más interconectado y competitivo. Las universidades de la región enfrentan crisis: fiscales, administrativas o académicas.

Según un reciente informe del Convenio Andrés Bello, (CAB) en la universidades de la región, hasta la década de los 80' se impuso el modelo profesionalizante que no generó investigación y nuevos conocimientos propios durante décadas. Situación que se refleja en la media latinoamericana de profesores con doctorados que a principio de los 90 no superaba el 10 % de la masa crítica de las universidades.[6]

La educación Superior en Chile es uno de esos modelos que otros países buscan replicar. El año 2006 podríamos pensar que Chile, finalmente, escuchó el mensaje de los estudiantes.

Las demandas de los secundarios, nacidos en esta democracia, cuestionaron el corazón mismo de la sociedad, su sistema educativo y su democracia, develando simultáneamente la desigualdad del país que han conocido donde el 20 % más rico se lleva el 57.7 % del ingreso nacional, y el 80 % restante obtiene el 42,5 %. En este contexto sólo uno de cada siete jóvenes del quintil más pobre en Chile, accede a la educación Superior en alguna de sus modalidades y sólo el 27, 5 % logra terminar un plan de estudio.[7] Por otra parte, más del 80 % de los jóvenes de los quintiles superiores logra inscribirse en la Educación Superior, saturándose el posible mercado educativo en esos sectores sociales, que son la minoría del país.

Así como nombró un Consejo de Educación como resolución del conflicto con los estudiantes secundarios, la presidenta Bachelet formó un Consejo para que estudie la Educación Superior, (abril 2007) nombrando a la cabeza de este al Rector de una Universidad privada con no más de 20 años de presencia en el ámbito universitario chileno. Consejo que en su primer informe de avance reconoce que "Entre los proveedores de la Educación Superior existentes en Chile hay verdaderas empresas transnacionales. Por lo tanto, dentro de la provisión mixta de la Educación Superior, es necesario dejar constancia en el documento que dentro de la diversidad del sistema también existen inversionistas internacionales cuyo "giro" es la Educación Superior."[8]

Este modelo de Educación ya había sido puesto en el banquillo de los acusados por los estudiantes universitarios en los años 90, donde si bien reconocían que el modelo funcionaba y había logrado ampliar la cobertura durante esa década, mantenía y no resolvía problemas fundamentales respecto a la "calidad, equidad y pertinencia del quehacer de las instituciones de formación terciaria, dificultando y desperfilando tanto el rol como el carácter de las universidades públicas y de nivel internacional." Esta situación era una voz disonante con la idea dominante de que la Educación Superior en Chile era regulada exitosamente por el mercado.[9]

Ya en esos años los estudiantes universitarios cuestionaron el financiamiento de la Educación Superior y la Ley Marco para Universidades Estatales que según ellos, "no establecía diferencias de fondo con la institucionalidad dictatorial y con el descompromiso financiero del Estado para con sus universidades".[10] Los estudiantes universitarios de todo Chile se movilizaron por estas demandas durante los años posteriores. Y aún en el año 2007, "la percepción de los jóvenes en Chile es que la educación es de baja calidad y de altos costos".[11] En efecto las universidades e instituciones de educación chilenas son caras, incluidas las públicas de propiedad estatal, y los aranceles aumentan entre 5 y 10 % cada año. Existen 25 Universidades del Consejo de Rector que son las que exigen un nivel de puntaje en la PSU (Prueba de Selección Universitaria) para el ingreso a dichos recintos. Y existe una sesentena de Instituciones y Universidades privadas a la que los jóvenes pueden acceder libremente pagando el arancel requerido. Según los datos de UNESCO, el año 2005, el 48 % de los jóvenes chilenos estaba matriculado en la Educación Superior, 47 % son mujeres y 49 % hombres. Pero según este mismo informe, sólo el 19 % en promedio logra graduarse.[12]

El aumento de matrículas en la Educación Superior chilena, que se obtuvo con la privatización del acceso a la misma, -ninguna universidad es gratuita-, ha significado la ampliación del mercado educativo y de los créditos bancarios para el endeudamiento a mediano y largo plazo, tanto de las familias como de los futuros egresados del sistema. Chile es el país del mundo, donde el gasto privado en educación recae de la forma más brutal en la familia; el 84 % es financiado por éstas, en la mayoría de los casos con créditos fiscales o bancarios. El resto se cubre con becas y financiamientos estatales indirectos.[13] El Estado financia sólo en un 20 % a las universidades del Consejo de Rectores. El 80 % restante lo deben obtener en financiamientos concursables, -donde concurren universidades e instituciones privadas sin ninguna distinción-, puestos a disposición por instancias estatales en acuerdos con el Banco Mundial (Concursos MECESUP) o en endeudamientos a través de préstamos financieros o, desarrollando negocios e inversiones como cualquier empresa privada. Las ventas de servicios son cada vez más indispensables para el sustento de la vida académica y de la producción del conocimiento. Para el desarrollo de la Investigación, los financiamientos se otorgan a través de concursos regulares llamados por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología CONICYT y su Fondo de Ciencia y Tecnología FONDECYT, a los cuales concurren l@s investigadores y las instituciones en una competencia anual donde comisiones de expertos definen los ganadores. Entre las resistencias a esta mercantilización se encuentran las áreas de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, que han sido minimizadas por los fondos de investigación que han favorecido a las áreas de Ciencias y Tecnologías requeridas por el mercado neoliberal, creando proyectos millonarios que hicieron emerger institutos y agrupaciones privadas de profesionales para optar a los fondos concursables.[14].

Pero el desmantelamiento de las Universidades estatales y la privatización de la creación del conocimiento no han terminado. Las voces de intelectuales universitarios concientes de este desmantelamiento han resistido a este embate del modelo exitoso. En un reciente artículo, Grinor Rojo de la Rosa, Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, refutando a José Joaquín Brunner sobre su propuesta de que la Educación Superior guíe al mercado,[15] planteaba: "La Universidad de Chile, desmembrada, desfinanciada y víctima de un acoso sin tregua, fue y continúa siendo lo que sus profesores, sus estudiantes y sus funcionarios decidieron. La resistencia existe por lo tanto en Chile y en otras partes del mundo y la ineluctabilidad del proceso mercantilizador que proclaman Brunner con compañía no parece ser tal.[16]

Resistencia que este año alcanzó un punto determinante cuándo el Consejo de Rectores del CRUCH, tuvo que dar un combate nuevamente para evitar el desarme de sus centros de Investigación con los Proyectos Basales por parte de CONICYT: "Pareciera que algunos sectores quieren desmantelar a las universidades del Consejo de Rectores de sus grupos de excelencia, para que queden reducidas a planteles mediocres dedicados sólo a la docencia rutinaria". Con esas fuertes palabras el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, reveló el clima de molestia que hay entre las máximas autoridades de los 25 planteles tradicionales del país porque se sienten "ignorados" a la hora de definir políticas nacionales sobre innovación e investigación en el país. Pese a que más del 90% de la investigación en Chile se realiza por académicos pertenecientes a estas universidades, los planteles no integran el Consejo de Innovación—presidido por Nicolás Eyzaguirre—, (ex ministro de hacienda) encargado de determinar las políticas en la materia y disponer en qué proyectos se invertirán las platas del royalty. Pero además los rectores cuestionaron (mediante una inserción) el nuevo llamado a concurso de Conicyt que financiará centros científicos y tecnológicos de excelencia por $9 mil millones de pesos. En esa convocatoria, aseguran, se exige a los investigadores de las universidades adquirir una personería jurídica distinta a la de origen para participar. Eso, a juicio de los rectores, "impone la creación de estructuras paralelas que influirían negativamente en los resultados de la investigación".[17] Las resistencias de algun@s investigadores universitarios y del Consejo de Rectores, logró hacer retroceder esta iniciativa del gobierno.

El sistema de Educación Superior chileno, que ha privilegiado la mercantilización de la educación, no ha resuelto el problema de la creación propia del conocimiento, fundamental en lo que se viene denominando sociedades del conocimiento. Las universidades chilenas no logran acreditarse entre las mejores del mundo. La Universidad de Chile es la única que aparece entre las 300 (En el puesto 231) mejores universidades el mundo, (cuarta a nivel latinoamericano) seguida muy de lejos, entre las 600 (puesto 588) mejores por la universidad Católica de Chile.[18] Es decir que nuestro tan mentado éxito país, no nos alcanza para tener un conocimiento propio, creado en nuestras universidades, y nos obliga en forma urgente a redefinir nuestras políticas educativas y de investigación y hacer alianzas en el continente latinoamericano para mejorar esta condición entre pares, dado que la Educación en Chile ha sido definida como un factor estratégico en el desarrollo del país al igual que para el resto de América Latina; e incluso los expertos recomiendan "realizar alianzas para el desarrollo y compromisos del tamaño del problema que se enfrenta en la aldea global, en un mundo globalizado y altamente competitivo"[19]

Los estudiantes universitarios nuevamente dan un paso adelante: Con la toma de la Casa Central de la Universidad de Chile en el año 2007 obtuvieron la realización de un Encuentro Universitario de gran proyección política y social para el país.[20] La Universidad de Chile y el Estado: hacia un nuevo trato que tendrá lugar entre el 27 de septiembre y el 26 octubre para redefinir la relación de la Universidad con el Estado y proponer políticas de Educación a nivel país. Este Encuentro será liderado por el Senado Universitario triestamental que impuso el estatuto democrático de la Universidad de Chile. En democracia, las políticas educacionales deben ser discutidas por todos los sectores de la sociedad, pues es un asunto país, y l@s jóvenes así lo han puesto de manifiesto y han tomado en sus manos el futuro de la Educación.



* Historiadora, Directora de Relaciones Internacionales, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, miembro de ATTAC.

[1] Presidenta Michelle Bachelet al recibir el Informe de Avance del Consejo de Educación Superior.,agosto 2007

[2] Informe Final, Consejo Asesor Presidencial de Calidad para la Educación, Santiago, 2006 www.consejoeducacion.cl/articulos/Informefinal.pdf

[3] Iris Vittini et al. Integración latinoamericana en el diseño curricular de las carreras de pregrado universitarias. El caso de Chile. Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile, www.uchile.cl

[4] Andrés Bernasconi, Fernando Rojas Informe sobre la Educación Superior en Chile: 1980-2003, Editorial Universitaria, IESALC, Santiago,2004

[5] José Joaquin Brunner Sistema privatizado y mercados universitarios: competencia reputacional y sus efectos, 2006, www.educarchile.cl

[6] José María Leyton La educación Superior y los Procesos de Integración. Una mirada desde las acciones del CAB. En Nuevo Conocimiento para la Integración. La Universidad y los procesos de Integración Social, N° 3,Convenio Andrés Bello, Bogota, Colombia, 2007

[7] VVAA Historización del Movimiento Secundario: Una mirada desde el análisis institucional. Trabajo de estudiantes de psicología en curso del Prof. Foladori, Universidad de Chile, Santiago, 2006

[8] Informe Avance, Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior. En www.educarchile.cl

[9] Rodrigo Roco Fossa, La Fech de fines de los 90: Relatos de una historia presente Anales de la Universidad de Chile Sexta Serie, N° 17, diciembre de 2005

[10] Rodrigo Roco, op. cit.

[11] Sergio Gonzalez Miranda El "Ethos", el "Don" y la Universidad frente al mercado de la Educación Superior. En Nuevo Conocimiento para la Integración. La Universidad y los procesos de Integración Social, N° 3,Convenio Andrés Bello, Bogota, Colombia, 2007

[12] La Educación Cuenta, Informe del Instituto Estadístico de la UNESCO, Nº 2 ,septiembre 2007 www.uis.unesco.org

[13] La Educación Cuenta…op.cit

[14] Grinor Rojo de la Rosa, De las Humanidades en Chile. en Revista de Sociología Nº 19, FACSO, Universidad de Chile, Santiago 2005

[15] José Joaquín Brunner et al. Guiar el mercado. Informe sobre la Educación Superior en Chile, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile, 2005

[16] Grinor Rojo de la Rosa, La educación superior en Chile y el mundo según Brunner con compañía. http://ar.groups.yahoo.com/group/G-80Encuentro2005/message/94

[17] Diario la Segunda, 10 de julio 2007

[18] Ranking de las universidades en la Web. http://www.webometrics.info

[19] José Maria Leyton Gallego, op. Cit. P.13

[20] www.uchile.cl