lunes, 2 de junio de 2008

Declaración del Claustro de Académicas y Académicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, 2 de junio de 2008.

Las académicas y los académicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, reunidos en claustro el lunes 2 de junio, señalan a la comunidad universitaria y nacional lo siguiente:

1. Reafirmamos la declaración del Consejo de Facultad del día 22 de mayo en la cual se reconoce que la actual crisis respecto de la educación, en general, y de la educación superior, en particular, deriva de la pervivencia del modelo de educación impuesto durante la dictadura, en especial, en lo relativo a la relación del Estado con las universidades estatales. La Universidad ha venido planteando la necesidad de cambiar el modelo subsidiario y establecer un nuevo trato con el Estado, ya que el actual afecta su misión y la obliga a un creciente autofinanciamiento que atenta contra el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades.

2. En este contexto, la discusión respecto del proyecto Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Ciencias Sociales, Artes y de la Comunicación, debe separarse de nuestra visión crítica al sistema de educación superior vigente en Chile. Persistimos en nuestra demanda por un nuevo trato entre el Estado y las universidades públicas, pero pensamos que el proyecto Bicentenario es un primer paso, muy importante, que nos permitirá fortalecer no solo a nuestra Facultad, sino al sistema universitario público en su conjunto.

3. Este proyecto es un primer gesto político del Estado, luego de la Dictadura, a favor de las Humanidades, las Ciencias Sociales, las Artes y la Comunicación, en reconocimiento del grave daño sufrido. Significa, también, una primera señal de compromiso del Estado con las universidades públicas, pues se enmarca en un proyecto más amplio que beneficia a las universidades estatales de regiones y potencia el sistema público de educación superior en su conjunto.

4. Las condiciones en que ejercemos nuestras labores son precarias y afectan directamente no solo a los académicos, sino también a funcionarios y estudiantes. El proyecto nos permitirá contar con los espacios necesarios para el ejercicio de las actividades académicas. El proyecto Bicentenario nos permitirá llevar a cabo desarrollos académicos absolutamente necesarios, ya comprometidos, respecto de los programas de pre y posgrado, como las pedagogías e integrar territorialmente unidades como el Centro de Estudios Árabes y el Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos.

5. Este proyecto, como ha sido reiteradamente expuesto por las autoridades de la Facultad, no implica alza de aranceles ni despido de funcionarios. Tampoco una “mercantilización” de la actividad académica, sino todo lo contrario, en la medida que permitirá llevarla a cabo con autonomía y en mejores condiciones que las actuales.

6. Uno de los aspectos que se ha cuestionado del proyecto son los montos de inversión, también llamados “contraparte”, a que se comprometen las unidades. En el caso de la Facultad, la inversión en infraestructura con fondos propios ya había sido acordada unánimemente por el Consejo de Facultad en respuesta a los resultados del proceso de planificación estratégica iniciado el 2003, de la autoevaluación realizada los años 2004 y 2005, y a lo recomendado por los evaluadores externos definidos por la propia Universidad. En estos procesos hubo participación amplia e informada de los tres estamentos que componen nuestra comunidad. En consecuencia, el proyecto Bicentenario, en lo que respecta a la Facultad, responde parcialmente a demandas históricas compartidas.

7. El proyecto Bicentenario fue conocido y sancionado por el Consejo de nuestra Facultad, con representantes de todos los estamentos, de acuerdo con las normas democráticamente establecidas que rigen a la Universidad de Chile. El proyecto, además, fue presentado en los consejos de Departamentos y en reuniones colectivas abiertas con el estamento académico, estudiantil y personal de colaboración. Estas son las instancias y los procedimientos que rigen nuestro funcionamiento y que hemos validado con los actuales estatutos de la Universidad, que si bien son perfectibles por canales democráticos, cuentan con el apoyo de la mayoría de la Comunidad Universitaria.

8. Este proyecto, en su diseño y en las distintas fases de su desarrollo, ha contemplado la participación de representantes de la comunidad universitaria en el Comité que lo elaboró. Lamentamos que representantes de los estamentos de estudiantes y de funcionarios se hayan restado en algunas etapas de la elaboración del mismo. Mientras participaron, sus propuestas fueron consideradas y muchas de ellas incorporadas al proyecto, independientemente de que haya habido problemas en el flujo de la información.

9. El proyecto contempla, en su primera etapa de realización, la participación de cada estamento en la definición de las acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos centrales del mismo: fortalecimiento académico, modernización de la gestión académico-administrativa, y vínculos con el entorno y las otras universidades estatales del país. En lo relativo a la infraestructura, debe aún diseñarse un plan maestro, que será conocido y considerará la opinión de la comunidad en su conjunto.

10. Por todo lo anterior, como académicos y académicas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, declaramos que:

a. Rechazamos enfáticamente la actual toma de las dependencias de la Facultad llevada a cabo sin haber agotado previamente las instancias de diálogo existentes, lo que constituye una acción violenta y desproporcionada que daña la convivencia al interior de la comunidad de la Facultad como ya lo señalamos el año pasado. Por la misma razón repudiamos la irrupción de los estudiantes en el Consejo Universitario del día martes 20 de mayo.

b. En relación con las demandas de los estudiantes en toma, reafirmamos la legitimidad de la participación de los tres estamentos en la forma que está acordada en nuestros Estatutos vigentes.

c. Apoyamos de forma decidida el proyecto Bicentenario que, por las razones antes expuestas, significa una indudable oportunidad de mejoramiento de las actuales condiciones de trabajo para todos los estamentos de la Facultad.

d. Demandamos a los estudiantes en toma que devuelvan las dependencias de la Facultad para continuar con las actividades académicas regulares del semestre.

e. Es nuestra voluntad restablecer un clima de diálogo en condiciones que permitan la participación de todos (que hoy no existen) y, en consecuencia, convocamos a todos los estudiantes y funcionarios a seguir trabajando en el desarrollo de proyecto Bicentenario y a debatir sobre los problemas que afectan a la educación superior en nuestro país.

f. Finalmente, invitamos a la comunidad del Campus Juan Gómez Millas a expresar públicamente su posición frente a estos temas.

3 comentarios:

Antonio dijo...

Aplaudo y apoyo plenamente las declaraciones del claustro de Filosofía y Humanidades, espero que sirvan para calmar los ánimos y aclarar algunos puntos
les felicito

Antonio Behn
Departamento de Matemáticas

agathos333 dijo...

Ya que hay una invitación abierta me úno para comentar unas breves aclaraciones desde mi punto de vista: Nuestro sistema fundacional de educación está mal desarrollado y hemos "parchado" mientras hemos ido evolucionando, (prácticamente lo que hacemos en todo el país refiriéndonos a cualquier cosa) pero esta política del "parche" no puede sostenerse por mucho tiempo, porque la ruptura yace ahí, latente y eventualmente (Hoy) estallará el problema.
Deberíamos detenernos y pensar en cómo habremos de enfrentar lo que ya tenemos para que sea algo similar nuestra idealización de sistema educacional, plausible por lo demás, pues aún siendo un mero estudiante, veo las claras deficiencias en el sistema actual y de cómo se implementarán algunos de los puntos del famos proyecto JGM en el futuro.
Muchos sentimos que no es nuestra responsabilidad, pues asumimos, malamente, que hay personas competentes para semejantes tareas y con planes eficientes para invertir en algo crucial: Educación.
Tal vez el tiempo de ser silentes ha terminado y es momento de tomar una postura más activa en torno a la educación de nuestro país.

Humanidades EN TOMA!! dijo...

Declaración Estudiantes movilizados Facultad de Filosofía y Humanidades

En respuesta a la declaración del claustro académico de la facultad de Filosofía y Humanidades, los Estudiantes de la facultad declaramos a la Comunidad Universitaria lo que sigue:

1.- Existe un consenso entorno al actual estado de crisis de la educación pública en nuestro país. Justamente por esta situación amplios sectores de la sociedad se encuentran movilizados hace más de un mes. Sin embargo, la mera denuncia no aporta a la solución del problema, ya que estos no se solucionan sólo con hacerlos explícitos, en este sentido es necesario tomar una posición activa. Por otra parte, quedarse en la petición de un “nuevo trato” con el Estado tampoco nos parece apropiado, ya que ese concepto debe estar acompañado de un contenido específico, el que aun no ha sido definido.

2.- La mera inyección de dinero no aporta, necesariamente, a la construcción de una Universidad pública, y menos en los términos que esta planteado el proyecto bicentenario. Consideramos que la aceptación del proyecto de manera acrítica es hacer vista ciega de las lógicas que lo mueven. El proyecto Bicentenario, de acuerdo al informe CAPESUP, se constituiría en el tan esperado “nuevo trato” con el Estado, ya que en aquel informe queda estipulado que la modalidad de financiamiento en base a un convenio de desempeño es la forma en que el Estado pretende financiar las instituciones de educación superior, sin solucionar el problema real de los aportes básales. De acuerdo a esto no consideramos al Proyecto Bicentenario un primer paso para fortalecer la Universidad ni la facultad, sino sólo un síntoma de la ausencia de políticas educacionales serias por parte del Estado.

3.- No creemos que el proyecto bicentenario se enmarque dentro de un beneficio para el sistema público de educación, sino que se mantiene dentro de la lógica que ha llevado al sistema educacional a esta situación crítica: Es preocupante que una política de Estado frente a la educación esté basada meramente en “gestos” y no en un plan claramente estructurado por y para la comunidad que de esta participa.

4.- Reconocemos las deficiencias que afectan a estas disciplinas para su óptimo desarrollo y la necesidad de efectuar mejoras, ya sea en infraestructura como en el ámbito académico; y es justamente por esto que nos preocupa los términos en que esta planteado el proyecto bicentenario, porque sostenemos que, en definitiva, tiene implicancias contrarias a lo que se pretende cumplir. Endeudando las Facultades no se “revitalizan” las disciplinas más precarizadas. Por otra parte, la revitalización de estas disciplinas no puede llevarse a cabo sin la participación de los sujetos involucrados; no queremos infraestructuras vacias de contenido, las queremos mediatizadas por un buen plan académico, que en este momento no existe.

5.- La sustentabilidad del proyecto en el tiempo no está de ningún modo asegurada. Que la reducción de funcionarios o el alza de aranceles no esté en la agenda, no asegura que dicha situación no se haga necesaria. La nueva infraestructura implica un gasto mayor de recursos para su mantención, y todos sabemos de dónde se sacan normalmente esos recursos. Por otro lado, la actividad académica y la estructura del pregrado actual son producto de una contra-reforma universitaria que se ha llevado a cabo directamente en función de un criterio basado en las necesidades del mercado, perdiendo así el horizonte de la educación pública: el servicio de los intereses de todos los chilenos.

6.- Desde hace algunos años se viene conversando la necesidad de inversión en infraestructura para la facultad, sin embargo, el hecho de que esta siempre haya sido pensada en base al financiamiento propio de la facultad, responde sólo a una falta de voluntad política, por parte de las autoridad de la propia facultad y de la Universidad, para exigir esos recursos, ya sea del fondo central de la Universidad o con fondos estatales. No podemos esperar construir un proyecto de educación pública serio basándonos en los vaivenes del mercado, o sea en la entrega de recursos a la Universidad cuando hay, y cuando no hay, se olvida.

7.- La participación de la comunidad en la construcción del proyecto no existió. Se argumenta que el proyecto pasó por todas las instancias que por estatutos corresponde, pero este análisis formalista no da cuenta de las deficiencias de una práctica democrática real en nuestra comunidad. La participación, tanto de estudiantes como de funcionarios, en los consejos de facultad y de departamento es sólo formal, ya que no existe derecho a voto en estas instancias por parte de aquellos estamentos, por lo que hablar de la legitimidad que entregan estas instancias es mentirse y negar la realidad. Por otra parte, el proyecto fue presentado por el Decano a los estudiantes de forma directa, en aquella instancia se hicieron objeciones al plan, las cuales tampoco fueron escuchadas por la autoridad competente y no se vieron planteadas finalmente en el desarrollo del proyecto. Entorno a la elaboración del proyecto, no consideramos que el “invitar” a la federación de estudiantes a integrar la mesa sea una real representación del estamento estudiantil, ya que estos no guardan, necesariamente, relación directa con la realidad cotidiana que se vive en el campus, lo que deriva en una representación defectuosa. La modalidad apropiada hubiese sido un representante por facultad1, ya que así se garantiza que estén representados los reales intereses y necesidades del estudiantado del campus. Esta situación hubiese permitido al estudiantado participar directamente en la elaboración de lo sustantivo del proyecto, su marco general, y no entrar en la discusión ya acotada por lineamientos generales.

8.- Por todo lo expuesto, los estudiantes de la facultad de Filosofía y Humanidades declaramos que:

a) Después de un año de discusión y crítica sostenida, por parte de lasfacultades del campus, al Proyecto Bicentenario, se llego al momento en que la firma del proyecto era inminente. Dada esa circunstancia, y el sostenido aislamiento que sufrimos para la confección del Proyecto, es que la medida de fuerza se hizo necesaria. Como facultad, atendimos el llamado de otras facultades del campus para generar un movimiento conjunto en pro de objetivos comunes, que se vio reflejada en la toma del campus en su totalidad y en un petitorio unificado. Esta acción fue aprobada en asamblea general por una amplia mayoría de estudiantes. Tambien queremos recalcar que las instancias de diálogo que se dieron con anterioridad al proceso de toma del campus, como foros y “claustros” en que el decanato expuso el proyecto a los distintos estamentos, fueron solicitadas por los estudiantes. En estas instancias se enunciaron nuestras críticas al convenio de desempeño, la contraparte y la democracia interna en la construcción del proyecto, pero estas críticas no fueron recibidas de buena manera por la autoridad, enunciando que “no era el momento de discutir esos temas”. Dada la constante negativa a escuchar y comprender nuestra posición es que el dialogo se agoto y sólo las medidas de fuerza quedaban para hacernos escuchar.

b) Declaramos un enfático rechazo a los actuales estatutos, los cuales bañados en un barniz democrático encarnado en el Senado Universitario, no resuelven las necesidades del estudiantado y de los funcionarios.

c) Entendemos que la inyección de recursos en el campus es necesaria, dadas las precarias condiciones en las que nos encontramos. Pero rechazamos que la forma de entrega de estos que contempla el Proyecto Bicentenario, ya que este implica una serie de situaciones ambiguas respecto de elementos como los Convenios de desempeño, el endeudamiento de las facultades y la venta de patrimonio. Los convenios de desempeño, potencialmente, implican la perdida de la autonomía universitaria, ya que el Estado esta en condiciones de rechazar alguno de los objetivos que la propia universidad se trace, lo que redundaría en la no entrega de recursos, con el consecuente daño que ello implica; de esta forma la Universidad podría desarrollar proyectos académicos y/o de infraestructura que dependan de las lógicas del Estado y no de las áreas que la universidad autónomamente quiera desarrollar. En el mismo sentido del Convenio de desempeño, se nos ha dicho que esta es tan sólo una modalidad de fiscalización de los recursos que se nos entregan. Durante el año 2007, en el petitorio de la Toma llevada a cabo ese año estaba la petición de que los estudiantes pudiésemos fiscalizar el manejo de los recursos de la facultad. En aquella ocasión se nos respondió que los estudiantes estábamos partiendo de la desconfianza al exigir esto, y que el único ente capacitado para realizar tales fiscalizaciones era Contraloría. Un año después, nos dicen que el Convenio de Desempeño es necesario justamente para lo que se nos rechazó en aquel momento, evitar el mal manejo de recursos. Dada esta situación es que exigimos una postura seria y consecuente de nuestras autoridades. Por otra parte, el rechazo al endeudamiento parte de la base en que las autoridades están aceptando como política de la Universidad el “autofinanciamiento”. Si bien es cierto, por lo menos en el discurso, se rechaza esta política, reiteramos, que esta no sirve de nada si no se acompaña de acciones concretas en pos del fin de esta situación. Respecto a la venta de patrimonio nos parece inaceptable que las facultades más precarizadas por la dictadura acepten esta situación. Se dice que este proyecto bicentenario es un primer gesto para reparar esa deuda histórica del Estado con nosotros, sin embargo, se hace vista gorda a que este gesto reivindicativo implica, a la vez una perdida. Dada esta situación el Estado nos da, pero a la vez nos quita, y eso no puede ser considerado una reparación de la deuda histórica. Otro tópico de rechazo al Proyecto Bicentenario es debido a la señal política que se desprende de él. Este plan es considerado “modelo” para la educación superior, lo que significaría que planes de estas características sean desarrollados en otras Universidades. Además de esto, considerando el informe CAPESUP, consideramos que el Estado está dirigiendo sus acciones a establecer la herramienta del “convenio de desempeño” como la principal forma de financiamiento, por lo que, estas circunstancias, aceptar en el dinero sin mayores cuestionamientos conlleva aceptar esta nueva forma de financiamiento como “el nuevo trato” con el estado, y renunciar a la aspiración de aumentar los ingresos básales para la Universidad, aspiración que las autoridades universitarias dicen apoyar. Finalmente, nos preocupa el hecho de que la mantención de la nueva infraestructura implicara un aumento de los gastos e cada una de las facultades involucradas. Por esto es que solicitamos, en distintos niveles, una redistribución de los recursos del fondo central de la Universidad, y por otra parte un aumento en el AFD estatal. Con este tipo de medidas no habría necesidad de tener una contraparte ni preocupación por la mantención de los nuevos edificios. Estamos concientes de que ni los decanos de las distintas facultades involucradas, ni el rector de la universidad tienen las atribuciones para determinar un aumento del AFD, pero nos gustaría ver que las autoridades universitarias defiendan la aspiración a un incremento de los fondos básales a las universidades públicas, con la misma celeridad, fuerza y cohesión con que preparan declaraciones públicas en contra de las acciones de los estudiantes contra el Consejo Universitario.

d) Nosotros, al igual que los académicos, manifestamos nuestro deseo de volver a las actividades académicas normales, dado esto es que actualmente se esta negociando con las autoridades competentes para lograr zanjar la problemática en forma definitiva y en el menor tiempo posible. Confiamos en la mesa de negociación actualmente en funcionamiento, ya que es un órgano que, por fin, empieza a considerar a la comunidad Universitaria en la toma de decisiones de la Universidad.

e) Es nuestra voluntad establecer un clima de dialogo, en el que podamos mirarnos a la cara los distintos actores de esta facultad sin resentimientos ni temores. El poco dialogo que ha existido2 sólo nos ha entrampado en un dialogo de sordos, que poco aporta para la discusión sobre la crisis de la educación chilena. Hacemos un llamado a todas las partes involucradas en el conflicto a interiorizarse y establecer las metodologías para poder encontrarnos y buscar consensos que nos permitan avanzar en la defensa de la educación publica.


Ponemos esto documento para la discusión de la comunidad Universitaria, para avanzar en la resolución de este problema puntual, y en vista de una mejor educación publica en general.

Estudiantes movilizados Facultad Filosofía y Humanidades

Declaración del Claustro Académico del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile

Las académicas y académicos del Departamento de Antropología, reunidos en claustro el martes 3 de junio del año 2008, se dirigen a la comunidad universitaria y nacional para pronunciarse respecto a la actual movilización estudiantil que afecta a esta unidad y a la Facultad de Ciencias Sociales.

En primer lugar, adscribimos firmemente a las autoridades, instancias y unidades académicas de la Universidad de Chile que han declarado que la actual crisis respecto de la educación en general, y de la educación superior en particular, deriva de la pervivencia del modelo económico y de educación impuesto por nuestra historia reciente.

La Universidad de Chile y sus distintas autoridades se han referido en diversas ocasiones y circunstancias a este modo de relación entre el Estado y las universidades públicas, proponiendo y solicitando cambiar el modelo subsidiario que obliga a un creciente autofinanciamiento, atentando contra el acceso a la educación superior y la igualdad de oportunidades. En este sentido, comprendemos la incertidumbre, el malestar y muchas de las demandas que hoy hacen los estudiantes del país, por lo cual nos hacemos eco de la necesidad por establecer un nuevo trato e impulsar un trabajo mancomunado y sistemático en torno a ello.

En este escenario, la Iniciativa Bicentenario-Proyecto Campus Juan Gómez Millas para la Revitalización de la Ciencias Sociales, Artes, Humanidades y Comunicación, es apreciada positivamente por nuestra comunidad académica. Se la entiende como una oportunidad en tanto un gesto político del Estado, reiterado por el discurso de mayo pasado de la Presidenta de la República; y una señal de compromiso de éste con las universidades públicas, en particular con las que desarrollan nuestras disciplinas, beneficiando a las universidades regionales y potenciando al sistema público de la educación superior en su conjunto.

En consecuencia, coincidimos en que la Iniciativa Bicentenario debe separarse de nuestra visión crítica al sistema de educación vigente en Chile, en tanto el Proyecto Campus es un primer paso, después de 35 años de abandono, que nos permitirá fortalecer a nuestro Departamento, Facultades y Campus, pero también hacer una contribución racional y concreta al sistema universitario público nacional.

Estamos convencidos que el Proyecto Bicentenario, luego de una cruda y laboriosa evaluación de nuestras disciplinas, recursos y espacios de trabajo, encomendada a académicos de alto nivel y con un marcado espíritu universitario, nos permitirá llevar a cabo proyectos absolutamente comprometidos con nuestros propios programas de desarrollo institucional (PDI), referidos al pregrado y postgrado, así como a nuestras líneas de investigación, servicios, extensión y patrimonio en los marcos de excelencia que supone la Universidad de Chile.

Tal cual ha sido expuesto una y otra vez por las distintas instancias de decisión y autoridades legítimas de la Universidad, a las cuales han sido invitados, han participado e intervenido estudiantes y personal de colaboración de nuestra comunidad; dicha Iniciativa no considera ocasionar perjuicios como el alza de aranceles ni el despido de funcionarios.

Por el contrario, se sustenta en el fondo otorgado por el Estado, el aporte de la Universidad y la inversión que cada Facultad y Departamento han considerado autónomamente implementar (contrapartes). Por lo que tampoco es sinónimo de una “mercantilización” ni “privatización” de nuestra actividad académica, sino de potenciar la excelencia académica y las condiciones materiales; a la par de la autonomía, la gestión eficiente, con rendiciones periódicas y públicas de los recursos que la misma Universidad como el Estado administran (convenios de desempeño). Responsabilidades que, esencialmente, recaen en el cuerpo académico.

Queremos recalcar que este proyecto aún se encuentra en una etapa de diseño y es necesario lograr mayores cuotas de participación de todos los estamentos en torno al mismo, en el marco establecido por la estructura y democracia universitarias. Ahora, la labor debe centrarse en avanzar y concretarse, siendo aquí donde como comunidad debemos asumir el rol verdaderamente activo. Los estatutos de la Universidad de Chile definen las instancias, procedimientos y autoridades que rigen a nuestra comunidad, los cuales merecen todo nuestro respeto, los que debemos perfeccionar así como defender, aprovechando el espacio de triestamentalidad que brinda el Senado Universitario.

Por lo tanto, rechazamos en todos los términos la toma de la Facultad de Ciencias Sociales, en tanto fue realizada bajo una lógica que no se justifica frente a lo señalado antes.

Constituye una acción violenta que atenta contra la propia institución y sus valores académicos, la que ha tenido expresiones absolutamente repudiables como desconocer y ridiculizar a las autoridades de la Universidad de Chile, especialmente en los sucesos acaecidos en el Consejo Universitario del día 20 de mayo del 2008.

Cualquier diálogo y negociación, entonces, sólo es posible en la medida que los estudiantes devuelvan las dependencias de la Facultad y permitan retornar a su normal funcionamiento, considerando que las actividades académicas no sólo son la docencia, sino también la investigación y la extensión. La anómala situación en la cual se encuentran hoy día estas actividades, perjudican a otros estudiantes y trabajadores, simplemente acrecientan el deterioro al que nuestras disciplinas han estado sometidas por tanto tiempo y colaboran a una imagen que sólo sirve a los verdaderos enemigos de la universidad pública y, en particular, de la Universidad de Chile.

Apelamos a toda la comunidad universitaria y en particular a nuestros académicos, estudiantes y funcionarios a comportarse responsablemente, a expresar su cultura cívica y democrática frente a los temas de fondo sobre la educación pública y universitaria en general, así como respecto a la situación contingente que nos atañe. Del mismo modo, la prolongación de la situación a la que se nos obliga e impone, junto con todos los inconvenientes que ello arrastra, deberá ser asumida por quienes han aceptado la dirección y responsabilidad de esta movilización estudiantil.

Acogemos y respaldamos los distintos pronunciamientos hechos en estos mismos términos por el Departamento de Psicología, el Instituto de la Comunicación e Imagen y de la Facultad de Filosofía y Humanidades, con quienes convergemos en la necesidad de enmarcar el escenario para el diálogo y la convivencia de nuestra comunidad universitaria bajo la actual contingencia así como a futuro. Por lo mismo, llamamos al resto de los departamentos y al Sr. Decano a propiciar y liderar una declaración unitaria de la Facultad de Ciencias Sociales y otra del conjunto de las Facultades e Institutos del Campus Juan Gómez Millas.

Santiago, 3 de Junio de 2008

Declaración Claustro de Profesores del Departamento de Sociología

Las y los Académicos del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, reunidos en Claustro de Profesores, hemos acordado la siguiente declaración.

En primer lugar, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de la Educación Pública chilena, particularmente en el ámbito de la educación superior. Hacemos ver que nuestro trabajo cotidiano en la Universidad de Chile es expresión y prueba de dicho compromiso.

Reiteramos nuestro rechazo a las tendencias privatizadoras y a la política de autofinanciamiento a que las universidades públicas han sido constreñidas desde hace décadas. Estamos ciertos que son estas políticas las que han conducido a la crisis en que la educación pública y las Universidades del Estado se encuentran actualmente.

En este marco, nos pronunciamos claramente por un “Nuevo Trato” entre las Universidades públicas y el Estado de Chile, que les brinde a las Instituciones Estatales las condiciones mínimas requeridas para que éstas puedan cumplir su rol de aporte crítico al desarrollo nacional.

Creemos que dos de los elementos esenciales de este nuevo trato son que el Estado asuma una relación especial de apoyo a sus Universidades y el aumento del monto de financiamiento basal que reciben éstas. Lo anterior en el marco de una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos y de una política de distribución de fondos interna que resuelva la situación de Facultades y Campus más desfavorecidos, como una manera de solucionar estructuralmente las carencias que cotidianamente enfrentamos.

Las y los académicos de la Facultad de Ciencias Sociales debemos realizar nuestras tareas de formación, investigación y extensión en condiciones laborales, salariales y materiales que distan mucho de los estándares adecuados, lo que evidentemente limita el alcance e impacto de nuestras actividades.

Es en ese contexto que hemos respaldado y continuamos respaldando la “Iniciativa Bicentenario”, pues entendemos que ella constituye un primer paso en el sentido de un mayor compromiso del Estado con la Universidad de Chile y el resto de las Universidades Públicas de Chile. Asumimos también que los recursos y acciones implicadas en dicho Iniciativa constituyen una clara oportunidad de disponer de condiciones que hagan viable detener el estancamiento en que nos encontramos y dar un salto en la calidad de nuestros productos académicos y su impacto en la sociedad chilena. En este sentido, valoramos también la posibilidad de avanzar hacia la constitución de un campus moderno e integrado, que a través de una gestión más eficiente de nuestros recursos, sea capaz de dar sustentabilidad a las inversiones que se realizarán.

Por otro lado, si bien declaramos que la “Iniciativa Bicentenario” constituye un primer paso en la dirección correcta respecto de la forma de relación entre el Estado y sus universidades, sin duda no sustituye nuestras demandas respecto al Nuevo Trato que las Universidades Públicas creemos merecer. La “Iniciativa Bicentenario” no aborda ni resuelve algunas de las debilidades estructurales de nuestra Facultad, como son el nivel y estructura salarial de remuneraciones de académicos y funcionarios, las políticas de incentivo a la retención de investigadores senior o la constitución de Centros de Investigación o Desarrollo de las Ciencias Sociales o Educación.

Constatamos que la “Iniciativa Bicentenario”, producto de los tiempos en que se ha elaborado y nuestras propias debilidades como organización, no se encuentra totalmente respaldada por un proyecto académico fuerte que haya emergido de las diversas Unidades Académicas. No obstante, entendemos que la “Iniciativa Bicentenario” constituye un proyecto marco que será llenado de contenido y que puede ser modificado a lo largo de su misma operación.

Por ello, como Departamento nos comprometemos a trabajar aportando ideas para dotarlo de un fuerte contenido académico ligado a nuestros Proyectos de Desarrollo Institucional, en el marco del escenario más pluralista y participativo posible. Sin querer entrar aún en el detalle de esas sugerencias e ideas, nos permitimos proponer a la Comisión Bicentenario que se incorporen al proyecto elementos que permitan entender esta iniciativa en el marco de un primer paso en la nueva relación entre el Estado y las Universidades Públicas, es decir, se trataría desde ya de agregar los temas estructurales, con lo que ello implica de parcial financiamiento basal, a que hemos hecho mención, sin lo cual la Iniciativa no tendrá sustentabilidad. Por ejemplo, que se explicite la posibilidad de modificación de los ítems que estructuran los costos del Proyecto, a partir de la elaboración de los planes específicos durante la primera fase del mismo.

Comprendemos y legitimamos que los recursos que el Estado aporta a la “Iniciativa Bicentenario” sean traspasados a través de un Convenio de Desempeño, en la medida que los contenidos académicos, su desarrollo y evaluación, sean de exclusiva responsabilidad de la Universidad, pues brinda un marco para la gestión transparente y eficiente de recursos públicos. Nos parece una buena herramienta para la recepción de fondos públicos por parte de las Universidades Estatales, y nos posibilita comprometernos con aquellas ideas y acciones que permitirán consolidar y fortalecer nuestros Proyectos Académicos.

Respecto al hecho de que la “Iniciativa Bicentenario” incorpore una contraparte financiera de parte de nuestra Facultad, reiteramos que no estamos en contra de ello ni en contra del endeudamiento que implica. Más aún, entendemos que esos fondos constituyen una inversión que contribuye a diseñar un proyecto con mayor impacto potencial. Sin embargo, reiteramos también que dicho endeudamiento no debe nunca alcanzar niveles que nos obliguen a tomar decisiones que disminuyan la calidad académica de nuestra investigación, docencia o extensión, ni debe afectar los salarios de los funcionarios o profesores, como tampoco debe impactar en los aranceles de nuestros estudiantes. Asimismo, creemos que el monto de endeudamiento de nuestra Facultad tampoco debe alcanzar niveles que copen nuestra capacidad global de inversión, pues así si fuera podríamos perder otras oportunidades de desarrollo que eventualmente aparezcan en los años de gestión de la “Iniciativa Bicentenario”.

Respecto de la actual coyuntura que vive nuestra Universidad, rechazamos tajantemente los actos de violencia y descalificación que han realizado una parte de quienes se oponen a este Proyecto. En ese mismo sentido, ofrecemos nuestro respaldo y solidaridad al Consejo Universitario y llamamos a que desterremos de nuestra Universidad este tipo de conductas. De la misma forma, rechazamos la Toma de las dependencias de la Facultad de Ciencias Sociales, pues dicha acción interrumpió los procesos de diálogo en curso y profundizó la desconfianza y el maltrato que parecen asentados en nuestra cultura académica.

En función de lo anterior, llamamos a deponer la Toma, de manera de que se restituya un espacio de discusión que nos permita seguir con la elaboración del proyecto “Iniciativa Bicentenario” y retomar las actividades académicas comprometidas.

Queremos expresar también nuestro respaldo al Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y demás Autoridades Académicas que democráticamente hemos elegido y que nos han representado en este difícil contexto. Por supuesto, respaldamos también las gestiones que ellos realicen para lograr el fin de este conflicto. Creemos firmemente en la posibilidad de construir una Facultad de Ciencias Sociales con alto impacto en la sociedad chilena, moderna, eficiente, de calidad y trasformadora, y tenemos claro que esa meta sólo será posible en la medida en que nos fortalezcamos institucional y materialmente. Por ello es que apoyamos la “Iniciativa Bicentenario”, por ello es que aspiramos a una nueva forma de convivencia interna y por ello es que trabajamos cotidianamente.

Claustro Académicos y Académicas Departamento de Sociología Universidad de Chile

Santiago, junio seis del dos mil ocho

Declaración Departamento de Psicología

Las académicas y académicos del Departamento de Antropología, reunidos en claustro el martes 3 de junio del año 2008, se dirigen a la comunidad universitaria y nacional para pronunciarse respecto a la actual movilización estudiantil que afecta a esta unidad y a la Facultad de Ciencias Sociales.

En primer lugar, adscribimos firmemente a las autoridades, instancias y unidades académicas de la Universidad de Chile que han declarado que la actual crisis respecto de la educación en general, y de la educación superior en particular, deriva de la pervivencia del modelo económico y de educación impuesto por nuestra historia reciente.

La Universidad de Chile y sus distintas autoridades se han referido en diversas ocasiones y circunstancias a este modo de relación entre el Estado y las universidades públicas, proponiendo y solicitando cambiar el modelo subsidiario que obliga a un creciente autofinanciamiento, atentando contra el acceso a la educación superior y la igualdad de oportunidades. En este sentido, comprendemos la incertidumbre, el malestar y muchas de las demandas que hoy hacen los estudiantes del país, por lo cual nos hacemos eco de la necesidad por establecer un nuevo trato e impulsar un trabajo mancomunado y sistemático en torno a ello.

En este escenario, la Iniciativa Bicentenario-Proyecto Campus Juan Gómez Millas para la Revitalización de la Ciencias Sociales, Artes, Humanidades y Comunicación, es apreciada positivamente por nuestra comunidad académica. Se la entiende como una oportunidad en tanto un gesto político del Estado, reiterado por el discurso de mayo pasado de la Presidenta de la República; y una señal de compromiso de éste con las universidades públicas, en particular con las que desarrollan nuestras disciplinas, beneficiando a las universidades regionales y potenciando al sistema público de la educación superior en su conjunto.

En consecuencia, coincidimos en que la Iniciativa Bicentenario debe separarse de nuestra visión crítica al sistema de educación vigente en Chile, en tanto el Proyecto Campus es un primer paso, después de 35 años de abandono, que nos permitirá fortalecer a nuestro Departamento, Facultades y Campus, pero también hacer una contribución racional y concreta al sistema universitario público nacional.

Estamos convencidos que el Proyecto Bicentenario, luego de una cruda y laboriosa evaluación de nuestras disciplinas, recursos y espacios de trabajo, encomendada a académicos de alto nivel y con un marcado espíritu universitario, nos permitirá llevar a cabo proyectos absolutamente comprometidos con nuestros propios programas de desarrollo institucional (PDI), referidos al pregrado y postgrado, así como a nuestras líneas de investigación, servicios, extensión y patrimonio en los marcos de excelencia que supone la Universidad de Chile.

Tal cual ha sido expuesto una y otra vez por las distintas instancias de decisión y autoridades legítimas de la Universidad, a las cuales han sido invitados, han participado e intervenido estudiantes y personal de colaboración de nuestra comunidad; dicha Iniciativa no considera ocasionar perjuicios como el alza de aranceles ni el despido de funcionarios.

Por el contrario, se sustenta en el fondo otorgado por el Estado, el aporte de la Universidad y la inversión que cada Facultad y Departamento han considerado autónomamente implementar (contrapartes). Por lo que tampoco es sinónimo de una “mercantilización” ni “privatización” de nuestra actividad académica, sino de potenciar la excelencia académica y las condiciones materiales; a la par de la autonomía, la gestión eficiente, con rendiciones periódicas y públicas de los recursos que la misma Universidad como el Estado administran (convenios de desempeño). Responsabilidades que, esencialmente, recaen en el cuerpo académico.

Queremos recalcar que este proyecto aún se encuentra en una etapa de diseño y es necesario lograr mayores cuotas de participación de todos los estamentos en torno al mismo, en el marco establecido por la estructura y democracia universitarias. Ahora, la labor debe centrarse en avanzar y concretarse, siendo aquí donde como comunidad debemos asumir el rol verdaderamente activo. Los estatutos de la Universidad de Chile definen las instancias, procedimientos y autoridades que rigen a nuestra comunidad, los cuales merecen todo nuestro respeto, los que debemos perfeccionar así como defender, aprovechando el espacio de triestamentalidad que brinda el Senado Universitario.

Por lo tanto, rechazamos en todos los términos la toma de la Facultad de Ciencias Sociales, en tanto fue realizada bajo una lógica que no se justifica frente a lo señalado antes.

Constituye una acción violenta que atenta contra la propia institución y sus valores académicos, la que ha tenido expresiones absolutamente repudiables como desconocer y ridiculizar a las autoridades de la Universidad de Chile, especialmente en los sucesos acaecidos en el Consejo Universitario del día 20 de mayo del 2008.

Cualquier diálogo y negociación, entonces, sólo es posible en la medida que los estudiantes devuelvan las dependencias de la Facultad y permitan retornar a su normal funcionamiento, considerando que las actividades académicas no sólo son la docencia, sino también la investigación y la extensión. La anómala situación en la cual se encuentran hoy día estas actividades, perjudican a otros estudiantes y trabajadores, simplemente acrecientan el deterioro al que nuestras disciplinas han estado sometidas por tanto tiempo y colaboran a una imagen que sólo sirve a los verdaderos enemigos de la universidad pública y, en particular, de la Universidad de Chile.

Apelamos a toda la comunidad universitaria y en particular a nuestros académicos, estudiantes y funcionarios a comportarse responsablemente, a expresar su cultura cívica y democrática frente a los temas de fondo sobre la educación pública y universitaria en general, así como respecto a la situación contingente que nos atañe. Del mismo modo, la prolongación de la situación a la que se nos obliga e impone, junto con todos los inconvenientes que ello arrastra, deberá ser asumida por quienes han aceptado la dirección y responsabilidad de esta movilización estudiantil.

Acogemos y respaldamos los distintos pronunciamientos hechos en estos mismos términos por el Departamento de Psicología, el Instituto de la Comunicación e Imagen y de la Facultad de Filosofía y Humanidades, con quienes convergemos en la necesidad de enmarcar el escenario para el diálogo y la convivencia de nuestra comunidad universitaria bajo la actual contingencia así como a futuro. Por lo mismo, llamamos al resto de los departamentos y al Sr. Decano a propiciar y liderar una declaración unitaria de la Facultad de Ciencias Sociales y otra del conjunto de las Facultades e Institutos del Campus Juan Gómez Millas.

Santiago, 3 de Junio de 2008

Margarita Iglesias: Solo sé que no LOCE

Le Monde Diplomatique, edición chilena, octubre 2007.

CHILE: SÓLO SE QUE NO LOCE.

Cuándo la democracia se toma el Liceo y saca la Educación al pizarrón.

Por Margarita Iglesias Saldaña*

…tenemos como meta el que de los 600 mil estudiantes que hoy día hay en educación superior, podamos llegar al 2012 a alrededor de 1 millón de estudiantes.[1]

El año 2006 en Chile, tres hitos marcaron al país: la elección de la primera mujer presidenta de la República, Michel Bachelet; la rebelión de los pingüinos (levantamiento de los estudiantes secundarios), y la muerte del dictador. Inmediatamente después de la asunción de Michel Bachelet en el Gobierno, la Universidad de Chile, la más importante del país, estrenaba su nuevo Estatuto construido democráticamente, derrotando definitivamente el estatuto que había heredado de la dictadura, era una anuncio de lo que vendría durante el año: la primera generación de jóvenes nacid@s en democracia despertaban al país con sus demandas de una educación para y en democracia.

En abril mayo 2006, los estudiantes secundarios, que no son ciudadanos de derecho, preocupados por su educación y el futuro educativo, reinventaron la democracia ante un país perplejo y obligado a escucharlos en serio. Ellos no hacían más que tomarle la palabra a la presidenta de Chile: el gobierno de los ciudadanos, para los ciudadanos, que proclamaba en su primer discurso al Congreso: "Una sociedad inclusiva es una sociedad que educa". Demandaron Educación de calidad y posibilidades de acceder a la Educación Superior. Se nombró un Consejo Superior, con representantes de todos los actores sociales implicados para que analizara e hiciera propuestas respecto a la Educación en Chile.

Una de las propuestas de este Consejo estuvo relacionada con la Educación Superior planteando que… "El marco regulatorio actual consagra en forma sumamente permisiva la iniciativa privada para la apertura, organización y mantenimiento de instituciones de Educación Superior, lo que debilita al sistema," constatando que como resultado de la Reforma de la Educación Superior, funcionan 207 instituciones con reconocimiento oficial del Estado. De estas, 60 son Universidades, 38 Institutos Profesionales, 94 Centros de Formación Técnica y 15 Institutos de Formación Superior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. De las 60 universidades existentes hoy, 25 están agrupadas en el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) de las cuáles 16 son estatales y 9 son privadas tradicionales o derivadas de éstas. [2]

El actual sistema de educación superior viene construyéndose desde la dictadura, con la Constitución de 1980 , que puso fin al Estado Docente, y que consagra la Libertad de enseñanza, incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales con total independencia económica, administrativa y académica de las instituciones, sean estas de propiedad del Estado o creadas por particulares privados.[3] Así a partir de 1981, con la Reforma de descentralización del Estado, la educación básica y secundaria pasó a ser administrada por los municipios y la Educación Superior (ES) pasaba a ser responsabilidad de las instituciones que las impartían, liberando al Estado de la responsabilidad con las Universidades que le pertenecían y liberando las restricciones jurídico legales para permitir la creación de instituciones privadas que competirían con las Universidades existentes en la época. Un paso determinante en este sistema fue el desmantelamiento de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado a nivel nacional, y la separación definitiva del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile.

Así, la arquitectura básica del sistema chileno de educación, fue establecida en la década de los ochenta, y definida por los hitos jurídicos que abren y cierran la década: en primer lugar, la Constitución de 1980, que pone fin al Estado Docente, y establece en su reemplazo un orden jurídico educacional presidido por la libertad de enseñanza; luego, las reformas privatizadoras de 1981 que pusieron al mercado y a la competencia entre instituciones como principales mecanismos de coordinación y control de la educación superior; y finalmente, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) de 1990, que se instaló el 10 de marzo, un día antes de la transmisión del gobierno del dictador al primer presidente electo de esta democracia.[4]

La Educación pública y privada, han coexistido en Chile desde los albores de la República y el problema no radica necesariamente en esta forma mixta de impulsar las políticas de Educación. La actual situación deviene de una dictadura del mercado por sobre los intereses de las políticas públicas en el desarrollo estratégico de un país, y en este caso de las políticas de Educación. Hasta los más fieles defensores de la mercantilización de la Educación Superior, reconocen que la actual situación en Chile ha incrementado las diferencias sociales a través de la selección en educación: "que en el caso de Chile apenas encubre el hecho de que ella es, simultáneamente, un proceso de selección social." [5]

En Chile, como en otros países de América Latina, la expansión de la educación superior en las últimas tres décadas trajo consigo el debilitamiento de la calidad y de la pertinencia de la misma que no ha preparado a los profesionales para responder a las exigencias cada vez más altas y variadas de entornos caracterizados por los rápidos cambios de las sociedades y su inserción en un mundo globalizado y cada vez más interconectado y competitivo. Las universidades de la región enfrentan crisis: fiscales, administrativas o académicas.

Según un reciente informe del Convenio Andrés Bello, (CAB) en la universidades de la región, hasta la década de los 80' se impuso el modelo profesionalizante que no generó investigación y nuevos conocimientos propios durante décadas. Situación que se refleja en la media latinoamericana de profesores con doctorados que a principio de los 90 no superaba el 10 % de la masa crítica de las universidades.[6]

La educación Superior en Chile es uno de esos modelos que otros países buscan replicar. El año 2006 podríamos pensar que Chile, finalmente, escuchó el mensaje de los estudiantes.

Las demandas de los secundarios, nacidos en esta democracia, cuestionaron el corazón mismo de la sociedad, su sistema educativo y su democracia, develando simultáneamente la desigualdad del país que han conocido donde el 20 % más rico se lleva el 57.7 % del ingreso nacional, y el 80 % restante obtiene el 42,5 %. En este contexto sólo uno de cada siete jóvenes del quintil más pobre en Chile, accede a la educación Superior en alguna de sus modalidades y sólo el 27, 5 % logra terminar un plan de estudio.[7] Por otra parte, más del 80 % de los jóvenes de los quintiles superiores logra inscribirse en la Educación Superior, saturándose el posible mercado educativo en esos sectores sociales, que son la minoría del país.

Así como nombró un Consejo de Educación como resolución del conflicto con los estudiantes secundarios, la presidenta Bachelet formó un Consejo para que estudie la Educación Superior, (abril 2007) nombrando a la cabeza de este al Rector de una Universidad privada con no más de 20 años de presencia en el ámbito universitario chileno. Consejo que en su primer informe de avance reconoce que "Entre los proveedores de la Educación Superior existentes en Chile hay verdaderas empresas transnacionales. Por lo tanto, dentro de la provisión mixta de la Educación Superior, es necesario dejar constancia en el documento que dentro de la diversidad del sistema también existen inversionistas internacionales cuyo "giro" es la Educación Superior."[8]

Este modelo de Educación ya había sido puesto en el banquillo de los acusados por los estudiantes universitarios en los años 90, donde si bien reconocían que el modelo funcionaba y había logrado ampliar la cobertura durante esa década, mantenía y no resolvía problemas fundamentales respecto a la "calidad, equidad y pertinencia del quehacer de las instituciones de formación terciaria, dificultando y desperfilando tanto el rol como el carácter de las universidades públicas y de nivel internacional." Esta situación era una voz disonante con la idea dominante de que la Educación Superior en Chile era regulada exitosamente por el mercado.[9]

Ya en esos años los estudiantes universitarios cuestionaron el financiamiento de la Educación Superior y la Ley Marco para Universidades Estatales que según ellos, "no establecía diferencias de fondo con la institucionalidad dictatorial y con el descompromiso financiero del Estado para con sus universidades".[10] Los estudiantes universitarios de todo Chile se movilizaron por estas demandas durante los años posteriores. Y aún en el año 2007, "la percepción de los jóvenes en Chile es que la educación es de baja calidad y de altos costos".[11] En efecto las universidades e instituciones de educación chilenas son caras, incluidas las públicas de propiedad estatal, y los aranceles aumentan entre 5 y 10 % cada año. Existen 25 Universidades del Consejo de Rector que son las que exigen un nivel de puntaje en la PSU (Prueba de Selección Universitaria) para el ingreso a dichos recintos. Y existe una sesentena de Instituciones y Universidades privadas a la que los jóvenes pueden acceder libremente pagando el arancel requerido. Según los datos de UNESCO, el año 2005, el 48 % de los jóvenes chilenos estaba matriculado en la Educación Superior, 47 % son mujeres y 49 % hombres. Pero según este mismo informe, sólo el 19 % en promedio logra graduarse.[12]

El aumento de matrículas en la Educación Superior chilena, que se obtuvo con la privatización del acceso a la misma, -ninguna universidad es gratuita-, ha significado la ampliación del mercado educativo y de los créditos bancarios para el endeudamiento a mediano y largo plazo, tanto de las familias como de los futuros egresados del sistema. Chile es el país del mundo, donde el gasto privado en educación recae de la forma más brutal en la familia; el 84 % es financiado por éstas, en la mayoría de los casos con créditos fiscales o bancarios. El resto se cubre con becas y financiamientos estatales indirectos.[13] El Estado financia sólo en un 20 % a las universidades del Consejo de Rectores. El 80 % restante lo deben obtener en financiamientos concursables, -donde concurren universidades e instituciones privadas sin ninguna distinción-, puestos a disposición por instancias estatales en acuerdos con el Banco Mundial (Concursos MECESUP) o en endeudamientos a través de préstamos financieros o, desarrollando negocios e inversiones como cualquier empresa privada. Las ventas de servicios son cada vez más indispensables para el sustento de la vida académica y de la producción del conocimiento. Para el desarrollo de la Investigación, los financiamientos se otorgan a través de concursos regulares llamados por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología CONICYT y su Fondo de Ciencia y Tecnología FONDECYT, a los cuales concurren l@s investigadores y las instituciones en una competencia anual donde comisiones de expertos definen los ganadores. Entre las resistencias a esta mercantilización se encuentran las áreas de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, que han sido minimizadas por los fondos de investigación que han favorecido a las áreas de Ciencias y Tecnologías requeridas por el mercado neoliberal, creando proyectos millonarios que hicieron emerger institutos y agrupaciones privadas de profesionales para optar a los fondos concursables.[14].

Pero el desmantelamiento de las Universidades estatales y la privatización de la creación del conocimiento no han terminado. Las voces de intelectuales universitarios concientes de este desmantelamiento han resistido a este embate del modelo exitoso. En un reciente artículo, Grinor Rojo de la Rosa, Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, refutando a José Joaquín Brunner sobre su propuesta de que la Educación Superior guíe al mercado,[15] planteaba: "La Universidad de Chile, desmembrada, desfinanciada y víctima de un acoso sin tregua, fue y continúa siendo lo que sus profesores, sus estudiantes y sus funcionarios decidieron. La resistencia existe por lo tanto en Chile y en otras partes del mundo y la ineluctabilidad del proceso mercantilizador que proclaman Brunner con compañía no parece ser tal.[16]

Resistencia que este año alcanzó un punto determinante cuándo el Consejo de Rectores del CRUCH, tuvo que dar un combate nuevamente para evitar el desarme de sus centros de Investigación con los Proyectos Basales por parte de CONICYT: "Pareciera que algunos sectores quieren desmantelar a las universidades del Consejo de Rectores de sus grupos de excelencia, para que queden reducidas a planteles mediocres dedicados sólo a la docencia rutinaria". Con esas fuertes palabras el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, reveló el clima de molestia que hay entre las máximas autoridades de los 25 planteles tradicionales del país porque se sienten "ignorados" a la hora de definir políticas nacionales sobre innovación e investigación en el país. Pese a que más del 90% de la investigación en Chile se realiza por académicos pertenecientes a estas universidades, los planteles no integran el Consejo de Innovación—presidido por Nicolás Eyzaguirre—, (ex ministro de hacienda) encargado de determinar las políticas en la materia y disponer en qué proyectos se invertirán las platas del royalty. Pero además los rectores cuestionaron (mediante una inserción) el nuevo llamado a concurso de Conicyt que financiará centros científicos y tecnológicos de excelencia por $9 mil millones de pesos. En esa convocatoria, aseguran, se exige a los investigadores de las universidades adquirir una personería jurídica distinta a la de origen para participar. Eso, a juicio de los rectores, "impone la creación de estructuras paralelas que influirían negativamente en los resultados de la investigación".[17] Las resistencias de algun@s investigadores universitarios y del Consejo de Rectores, logró hacer retroceder esta iniciativa del gobierno.

El sistema de Educación Superior chileno, que ha privilegiado la mercantilización de la educación, no ha resuelto el problema de la creación propia del conocimiento, fundamental en lo que se viene denominando sociedades del conocimiento. Las universidades chilenas no logran acreditarse entre las mejores del mundo. La Universidad de Chile es la única que aparece entre las 300 (En el puesto 231) mejores universidades el mundo, (cuarta a nivel latinoamericano) seguida muy de lejos, entre las 600 (puesto 588) mejores por la universidad Católica de Chile.[18] Es decir que nuestro tan mentado éxito país, no nos alcanza para tener un conocimiento propio, creado en nuestras universidades, y nos obliga en forma urgente a redefinir nuestras políticas educativas y de investigación y hacer alianzas en el continente latinoamericano para mejorar esta condición entre pares, dado que la Educación en Chile ha sido definida como un factor estratégico en el desarrollo del país al igual que para el resto de América Latina; e incluso los expertos recomiendan "realizar alianzas para el desarrollo y compromisos del tamaño del problema que se enfrenta en la aldea global, en un mundo globalizado y altamente competitivo"[19]

Los estudiantes universitarios nuevamente dan un paso adelante: Con la toma de la Casa Central de la Universidad de Chile en el año 2007 obtuvieron la realización de un Encuentro Universitario de gran proyección política y social para el país.[20] La Universidad de Chile y el Estado: hacia un nuevo trato que tendrá lugar entre el 27 de septiembre y el 26 octubre para redefinir la relación de la Universidad con el Estado y proponer políticas de Educación a nivel país. Este Encuentro será liderado por el Senado Universitario triestamental que impuso el estatuto democrático de la Universidad de Chile. En democracia, las políticas educacionales deben ser discutidas por todos los sectores de la sociedad, pues es un asunto país, y l@s jóvenes así lo han puesto de manifiesto y han tomado en sus manos el futuro de la Educación.



* Historiadora, Directora de Relaciones Internacionales, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, miembro de ATTAC.

[1] Presidenta Michelle Bachelet al recibir el Informe de Avance del Consejo de Educación Superior.,agosto 2007

[2] Informe Final, Consejo Asesor Presidencial de Calidad para la Educación, Santiago, 2006 www.consejoeducacion.cl/articulos/Informefinal.pdf

[3] Iris Vittini et al. Integración latinoamericana en el diseño curricular de las carreras de pregrado universitarias. El caso de Chile. Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile, www.uchile.cl

[4] Andrés Bernasconi, Fernando Rojas Informe sobre la Educación Superior en Chile: 1980-2003, Editorial Universitaria, IESALC, Santiago,2004

[5] José Joaquin Brunner Sistema privatizado y mercados universitarios: competencia reputacional y sus efectos, 2006, www.educarchile.cl

[6] José María Leyton La educación Superior y los Procesos de Integración. Una mirada desde las acciones del CAB. En Nuevo Conocimiento para la Integración. La Universidad y los procesos de Integración Social, N° 3,Convenio Andrés Bello, Bogota, Colombia, 2007

[7] VVAA Historización del Movimiento Secundario: Una mirada desde el análisis institucional. Trabajo de estudiantes de psicología en curso del Prof. Foladori, Universidad de Chile, Santiago, 2006

[8] Informe Avance, Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior. En www.educarchile.cl

[9] Rodrigo Roco Fossa, La Fech de fines de los 90: Relatos de una historia presente Anales de la Universidad de Chile Sexta Serie, N° 17, diciembre de 2005

[10] Rodrigo Roco, op. cit.

[11] Sergio Gonzalez Miranda El "Ethos", el "Don" y la Universidad frente al mercado de la Educación Superior. En Nuevo Conocimiento para la Integración. La Universidad y los procesos de Integración Social, N° 3,Convenio Andrés Bello, Bogota, Colombia, 2007

[12] La Educación Cuenta, Informe del Instituto Estadístico de la UNESCO, Nº 2 ,septiembre 2007 www.uis.unesco.org

[13] La Educación Cuenta…op.cit

[14] Grinor Rojo de la Rosa, De las Humanidades en Chile. en Revista de Sociología Nº 19, FACSO, Universidad de Chile, Santiago 2005

[15] José Joaquín Brunner et al. Guiar el mercado. Informe sobre la Educación Superior en Chile, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile, 2005

[16] Grinor Rojo de la Rosa, La educación superior en Chile y el mundo según Brunner con compañía. http://ar.groups.yahoo.com/group/G-80Encuentro2005/message/94

[17] Diario la Segunda, 10 de julio 2007

[18] Ranking de las universidades en la Web. http://www.webometrics.info

[19] José Maria Leyton Gallego, op. Cit. P.13

[20] www.uchile.cl